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jueves, 29 de septiembre de 2011

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¿Lucha de Clases? A la teoría de la lucha de clases y de la oposición irreductible entre el capital y el trabajo, a la prédica demagógi...
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¿Lucha de Clases?

A la teoría de la lucha de clases y de la oposición irreductible entre el capital y el trabajo, a la prédica demagógica que enseña al obrero o empleado a odiar al patrono como a su mayor enemigo y que, de carambola, previene a éste contra aquél, hay que oponer resueltamente la doctrina más sagaz y razonable de la identidad de intereses entre todos lo elementos del cuerpo social, entre todos los estamentos de la nacionalidad. Al país entero en realidad -y no sólo al empresario ni sólo al obrero, no únicamente al Capital ni exclusivamente al Trabajo- interesa que se exploten sus fuentes de riqueza, que prospere la agricultura, que se afiance y desarrolle la industria, que empleados y obreros ganen cada vez más altos sueldos y salarios y mejoren su nivel de vida, y también que el empleador obtenga razonables utilidades que lo estimulen a nuevas inversiones, porque éstas han de representar por fuerza nuevas y amplias oportunidades de trabajo y bienestar.

Si obreros y capitalistas tienen conciencia de sus derechos y obligaciones, si las leyes establecen garantías a favor de unos y de otros, si se impide que el exagerado afán de lucro sacrifique al obrero y se impide también, con idéntica energía, que el irresponsable exceso demagógico sacrifique al capitalista, al .descontento, al rencor, al encono entre las clases, a las divisiones estériles, habrá sucedido en el Perú un régimen de armoniosa y estimulante cooperación entre todos los peruanos.

La Prensa, 16/8/1953

Sindicalismo

Es necesario que los trabajadores cuenten con plena libertad de asociación, no sólo para hacer valer sus derechos legítimos frente a cualquier, posible comprensión, ni sólo para cuidar que su participación en las tareas productivas obtenga una remuneración decente y adecuada, sino también para contribuir al desarrollo de la producción, colaborando estrechamente con las empresas en que atoran. Porque sólo si la producción aumenta, existe la efectiva posibilidad de mejorar las condiciones de vida. Cuanto más se logre desarrollar el espíritu de asociación entre los trabajadores, y cuanto más conscientes sean ellos de la responsabilidad que les compete, tanto más fácil será su entendimiento directo con los empleadores. Claro está que éstos se encuentran a su vez llamados a tomar clara conciencia del respeto que merece el trabajo mismo, las legítimas y saludables aspiraciones del mejoramiento permanente de los trabajadores, y el derecho de todas la familias, por humildes que sean, a disfrutar en una sociedad libre, de un hogar al que el bienestar económico y la consideración social hayan también libertado de la tiranía de la enfermedad y la ignorancia, de la promiscuidad y la miseria.

“No hay -decía León XIII, el Pontífice de los obreros- capital sin trabajo, ni trabajo sin capital, ni los puede haber”. Y son indispensables, por lo tanto, su entendimiento, su colaboración, la certeza de su comunidad de intereses como seres humanos que tienen, todos, necesidades materiales que satisfacer y libertades del espíritu por las que asumir responsabilidad.

La Prensa, 1/5/1955

La razón de ser de los organismos sindicales es la defensa de los intereses estrictamente laboristas y, en general, la promoción del mejoramiento de las condiciones de trabajo y del nivel de vida. La orientación del movimiento sindical, en cualquier otro sentido y, especialmente en el político, significa una traición a los intereses de clase, su supeditación a ambiciones personales y apetitos de grupo y, por consiguiente, la incapacidad de los organismos así desnaturalizados para satisfacer las legítimas exigencias de las clases. En otras palabras, el sindicato que se convierte en agencia de un gobierno o de un sector político deja de ser propiamente un sindicato, por cuanto sacrifica su carácter representativo en aras de una servil verticalidad totalitaria, y porque, además, subordina los reclamos obreros a las conveniencias o aprensiones del grupo que lo domina.

La Prensa, 21/11/1955

Es evidente la urgencia de una legislación sindical que, con sentido orgánico, regule el ejercicio de ese instrumento de poder social cuya importancia en el mundo contemporáneo es innegablemente de primer orden. Esa legislación debe precisar las relaciones de los asociados entre sí y con sus dirigentes, de los sindicatos con las empresas, y de los sindicatos con la sociedad. Y debe ser orgánica y coherente, no sólo consigo misma, sino también con el orden jurídico del país, cuya clave es la Constitución del Estado.

Por lo tanto, una legislación orgánica de inspiración democrática tiene que empezar por asegurar a los trabajadores de- base el carácter efectivamente representativo de sus organizaciones. Tiene que empezar por afirmar y garantizar el principio del voto secreto y mayoritario de los trabajadores, no sólo para la constitución de los sindicatos y la elección de sus directivas, sino también para la adopción de cualquier decisión o medida que comprometa el interés económico de los trabajadores. No es posible que se ignore la opinión y el voto de los afiliados de base en la conducción de los reclamos colectivos, ni mucho menos en las decisiones de declarar, renovar, suspender o levantar un estado de huelga. Ni tampoco es posible que se desconozca el derecho de cada trabajador a acatar o no una decisión con la que no está de acuerdo.

La Prensa, 22/10/1957

El sindicalismo está protegido por el artículo 27 de la Constitución, por el que “el Estado reconoce la libertad de asociarse”. Pero la libertad de asociarse implica, igualmente, la libertad de no asociarse, que debe ser tan inviolable como aquélla. Pero hay algo más. El artículo 42 de nuestra Carta Magna -siempre en el capítulo de las “garantías nacionales y sociales”- señala que “el Estado garantiza la libertad de trabajo”. Y cualquier intento de sindicalismo obligatorio, que sólo se concibe en países fascistas o comunistas, representa una gravísima violación de esa libertad de trabajo.

La Prensa, 24/10/1954

Huelga

El derecho de huelga representa la única arma efectiva de que disponen obreros y empleados para llevar adelante sus demandas de más altos sueldos y salarios y de mejores condiciones de trabajo. Se admite legalmente su ejercicio en todos los países democráticos. Sólo en los países socialistas, el Estado, convertido en el dueño de todas las empresas, desconoce el derecho de huelga, y así resulta que en nombre de “la dictadura del proletariado” se priva a los proletarios de esa pieza fundamental para el logro de sus aspiraciones de bienestar y justicia.

Por lo mismo que la huelga representa, como decimos, la única arma efectiva en manos de los trabajadores, y por lo mismo que representa también la “última ratio”, el último recurso al que éstos puedan apelar en sus reclamaciones, debe ser empleada, por los dirigentes sindicales, con discreción, con profundo sentido de responsabilidad, siempre que haya causa justificada y siempre que, por medio de la huelga, se esté sirviendo exclusivamente el interés de los trabajadores, y no, como a menudo ha ocurrido entre nosotros, finalidades políticas y partidistas ajenas a ellos. Cuando se abusa de la huelga, cuando se recurre a ella sin causa justificada o cuando detrás de ella actúan segundas intenciones o turbios propósitos, la huelga cae en desprestigio y, lejos de suscitar la simpatía de la opinión pública, provoca su rechazo.

La Prensa, 3/7/1956

Es evidente que el Estado, en cuanto órgano de la comunidad y también en cuanto guardián de la paz social, ve automáticamente comprometido su interés en cada oportunidad en que surge un conflicto de trabajo. De la naturaleza de ese interés público, no se deduce, sin embargo, que cuando lo que se discute es un reajuste salarial concreto, el Estado deba imponer un arreglo, sino que debe limitarse a proveer todas las facilidades indispensables para que, o bien las partes se entiendan entre sí, o bien confíen voluntariamente a terceros -que pueden ser particulares o funcionarios del propio Estado- el hallar una solución a la cual aquéllas se someten de antemano.

De esa calidad de árbitro, ya por demagogia, ya por frivolidad, ya por inercia en el plano inclinado de los afanes intervencionistas de la burocracia, ha estado abusando últimamente el Estado, a través de la Dirección del Trabajo. Y ha llevado ese abuso al extremo de pretender que puede erigirse en árbitro, a espaldas de las partes y aun contra su voluntad expresa.

La Prensa, 12/7/1957

Veamos prácticamente cómo se desarrolla un conflicto social en el Perú. Se presenta una reclamación de los obreros o empleados. Ella es rechazada por la empresa o no aceptada en su totalidad. Se ha producido entonces el conflicto. En seguida viene la conciliación, que es legalmente obligatoria. De la conciliación puede surgir el acuerdo, en cuyo caso, desaparece el conflicto. O pueden las partes someterse a las decisiones del tribunal arbitral que tienen autoridad de cosa juzgada, en cuyo caso también desaparece el conflicto.

El caso frecuente es, por cierto, aquél en el que la conciliación fracasa y se interrumpen las negociaciones entre las partes. A estas alturas, empieza a correr el plazo legal de huelga que es, como se sabe, de 72 horas. Invariablemente, antes de la expiración del plazo, la Dirección del Trabajo interviene y emite una resolución para la que invoca la misma autoridad de cosa juzgada que tienen los fallos de los tribunales arbitrales.

Por lo común, la resolución de la Dirección del Trabajo no satisface a nadie, ni patrones ni a trabajadores. Si los patrones no la acatan, como alguna vez ha ocurrido, se les acusa de rebeldía contra la autoridad. Si los trabajadores, a su turno, la resisten, esto es, si la huelga estalla en el plazo señalado y se mantiene, a despecho de la resolución de la Dirección del Trabajo, entonces, se dirige, ya no contra la actitud de los patronos, sino contra la medida adoptada por el Gobierno y se convierte en un problema de orden público; en un problema político que, en todos los casos, innecesariamente pone en juego el prestigio de la autoridad. Es en estas circunstancias que el Gobierno suele declarar ilegal la huelga, sin que, por otra parte, tal declaratoria surta ningún efecto práctico, pues, ilegal o no, la huelga continúa y el problema sigue sin resolverse.

Como los gobiernos han tomado la costumbre de emitir de todos modos y, frente a cada conflicto, una resolución por órgano de la Dirección del Trabajo; y como en teoría, esa resolución debe ser acatada por las partes, teóricamente, también, jamás deben estallar huelgas en el Perú. Toda huelga que estalla resultaría ilegal, en desafío de una resolución previamente emanada de la autoridad. Es evidente, que un sistema basado en la premisa utópica de que nunca deben ocurrir huelgas, es un sistema destinado al fracaso.

El problema se complica si ese desafío a la autoridad que, en razón del defectuoso sistema vigente, supone automáticamente cada huelga, es reforzado por la declaratoria de una huelga general. La huelga general es un recurso de fuerza que se emplea contra los Gobiernos de fuerza y es inadmisible dentro de un régimen democrático, en el que todas las puertas -tribunales y periódicos- están abiertas para que prevalezcan la razón y la justicia. La huelga general implica una grave alteración del orden público.

En tesis general, está claro que necesitamos con urgencia una ley en materia de reclamaciones sociales que destierre el caos legislativo reinante; que reconozca explícitamente el derecho de huelga y reglamente su ejercicio, consultando el interés de los patrones, el de los trabajadores y el de la colectividad.

La Prensa, 2/6/1957

VIVIENDA

El problema de la vivienda

No parece haber hecho conciencia, todavía, en las altas esferas administrativas y municipales la importancia fundamental que para la vida de un país asume el desarrollo orgánico 'de las ciudades. Acostumbrados a largos años de un ritmo lento de crecimiento urbano, no damos gran importancia a los muchos fenómenos indeseables que en el campo social y económico se derivan por falta de un claro pensamiento urbanístico. Pero si se prestase mayor atención al aumento de la delincuencia en los recientes años en esta ciudad y dos o tres más de importancia y se buscase sus conexiones -evidentes- con el desarrollo de las barriadas suburbanas; si se meditase un poco más detenidamente en la relación -también evidente- que existe entre las cifras de ilegitimidad, de mortalidad infantil y determinadas enfermedades -como la tuberculosis- y las condiciones de las ciudades con más altos índices en- el territorio nacional, pronto se formaría conciencia urbanística.

Claro está que la construcción de viviendas en proporción equivalente a las necesidades de la población, no depende directamente de la existencia de planes urbanísticos de desarrollo, sino de factores económicos y legales, pero aparte de que la existencia de una conciencia urbanística influye como elemento ideológico en la solución del problema, no se puede afirmar que éste se resuelva con el simple hecho de construir casas faltas de elementales condiciones higiénicas o distribuidas en forma tal, que originen aglomeraciones peligrosas e incómodas, generadoras de posteriores problemas de toda índole.

La Prensa, 23/1/1951

Una vivienda antihigiénica da origen a generaciones enfermizas, de escasa aptitud para producir y mantenerse en niveles satisfactorios de vida y, naturalmente, poco poseídas de espíritu de solidaridad social. Una vivienda promiscua debilita o destruye los fundamentos éticos de la familia que son, indirectamente, si se quiere, pero en todo caso, necesariamente, también los fundamentos éticos -y, en general humanos- de toda la organización social. No es extraño que, de barriadas en deplorables condiciones, provengan muchos desadaptados, resentidos, amorales y delincuentes. Lo admirable es que los descarriados no sean más numerosos.

La Prensa, 4/1/1956

Efectivamente, la vivienda es un factor externo que actúa decisivamente en la educación moral del individuo y ejerce poderosa influencia en su vida.

La vivienda propia es ideal y la más honda aspiración del jefe de la familia o de quien ha de sedo. Lograr este anhelo, aunque fuera en condiciones modestas, como se lo permitan sus posibilidades económicas, es conquistar un preciado bien que reporta al obrero, empleado o artesano, un nuevo concepto de la vida, la afirmación de su noción de familia y de patria y la salud moral y corporal suficientes para alejado de malos caminos.

La Prensa, 24/6/1954

Los habitantes de las “urbanizaciones clandestinas” no sólo carecen de agua y desagüe, de fuerza eléctrica; de pistas que hagan accesible cada grupo de viviendas; carecen, además, del menor título de propiedad sobre el terreno. Mal pueden, pues, trasmitir legalmente la posesión ni animarse a establecer en ella las edificaciones permanentes, sólidas aunque sean modestas, que merezcan el nombre de casas o de hogares.

La Prensa, 4/1/1955

La solución

Sucede que el problema de la vivienda no se reduce a buscar una superficie libre y a levantar cuatro paredes sobre ella. No se reduce tampoco a impedir las invasiones de tierras de propiedad particular o fiscal. El problema es tremendamente amplio. Implica la creación de un organismo adecuado; la creación de los medios gracias a los cuales pueda ponerse al alcance de la gente de modestos recursos, no una extensión pelada de cerro, sino n terreno enclavado en una urbanización bien hecha, con servicios de agua potable y desagüe y con vías de acceso debidamente estudiadas y a un precio razonable; supone la búsqueda de los materiales más adecuados por su economía y duración, para cada zona particular, supone la confección de proyectos que combinen la máxima economía con la máxima comodidad; supone la obtención del capital para conceder créditos a largo plazo para levantar vivienda; supone un plan para aprovechar del trabajo; supone la concesión de títulos de propiedad bien saneados, etc., de las mismas personas que han de ocupar las casas; por mencionar sólo unas cuantas de las consideraciones que deben necesariamente tomarse en cuenta para la solución de este vital asunto.

Salta a la vista que sólo un plan integral y orgánico puede responder a un problema tan amplio y complejo. Ese plan, que suponía una máxima dificultad, está listo.

Precisamente el punto de partida de la Comisión para la Reforma Agraria y la Vivienda, fue la observación de nuestra realidad y la comparación con lo que había ocurrido en otros países. Los errores que no podían percibirse así, teniendo el problema a unos centímetros de los ojos, resaltaban en la visión de conjunto.

La Prensa, 16/9/1958

La enorme tarea de dotar a la mayoría de nuestra población de vivienda apropiada, no puede ser afrontada únicamente por el Estado, porque ello supondría que, durante largos años, el íntegro de los capitales estatales tendría que ser invertido en este aspecto de la vida del país, descuidándose todos los demás renglones de nuestro Presupuesto.

El necesaria la concurrencia de capitales privados que se inviertan en la construcción de casas baratas, modernas e higiénicas y cuyo costo esté al alcance de las posibilidades económicas de las clases sociales menos acomodadas; es decir, del empleado modesto y del obrero que actualmente se ven obligados a ocupar sórdidas viviendas en las que los miembros de las familias conviven en antihigiénico hacinamiento.

La Prensa, 9/8/1954

Lo cual no quiere decir, naturalmente, que el Estado deba asumir una actitud pasiva frente al problema, conviniéndose en un simple espectador. Por el contrario, aunque sea el capital privado el que se aplique, en primer término, a la construcción de viviendas, al Estado compete la importante tarea de crear las condiciones indispensables dentro de las que debe desenvolverse la actividad de ese capital. Por ejemplo, es necesario disponer de terrenos baratos, de facilidades para urbanizarlos, de vías de comunicación que hagan fácil y cómodo el acceso desde los límites periféricos de las ciudades -que es donde los terrenos permiten urbanizaciones de bajo precio- hacia los principales centros de trabajo.

La Prensa, 11/2/1958

Las urbanizaciones populares requieren -para convertirse en un negocio atractivo para el inversionista- disfrutar de facilidades que favorezcan su financiación. Así, por ejemplo, habría que permitir la venta de los lotes; apenas los planos de la urbanización estuvieran aprobados, en vez de esperar la conclusión de las obras y las instalaciones. En aquella forma el inversionista recuperaría rápidamente su dinero, dependería menos de los bancos a los que podría ofrecer mayores garantías; economizaría por lo tanto en intereses, y podría así abaratar aún más el precio de venta del terreno -atrayendo a nuevos compradores- a base únicamente de la economía real que significa la ganancia de tiempo en la financiación.

Convertida la empresa de urbanizar en un buen negocio, no cabe duda que el capital privado se lanzaría a urbanizar, ya las tierras eriazas que con buen criterio ha reservado el Estado para ese fin, ya las tierras agrícolas que rodean Lima y otras ciudades.

Una vez que cada familia modesta del Perú pueda adquirir así un lote de terreno barato, se habrá resuelto lo que hasta ahora ha constituido la mayor dificultad en el problema de la vivienda. Queda por contemplar la financiación individual de la casa que cada familia quiera construir en ese terreno. El crédito hipotecario es, desde luego, la solución. La autorización a los Bancos comerciales de reabrir sus secciones hipotecarias ha de permitir emitir, como hacían antes, cédulas al tipo de interés necesario para su colocación. Tratándose de préstamos a largo plazo, como son los hipotecarios, la única manera de obtener el dinero necesario consiste en vender en el mercado cédulas cuyo tipo de interés las haga atractivas para los inversionistas.

Para asegurar que la construcción constituya un campo de inversión interesante para el capital particular, cabría suprimir el pago de alcabalas e impuestos a la plusvalía, este último de dudosa justificación económica y ambos, en todo caso, inconvenientes para el fin primordial de abaratar el terreno; máximo si tiene que pagarse dos veces, antes y después de urbanizarse las tierras. Otras medidas de estímulo consistirían en exonerar el impuesto a las utilidades y del complementario a la renta, las utilidades de cualquier empresa o individuo que se inviertan en urbanizaciones o viviendas populares; en aplicar idénticas exoneraciones a las utilidades provenientes de las mismas urbanizaciones y viviendas; en exonerar del pago del impuesto predial a los propietarios modestos que se establecieran en tales lotes y casas; y aun si se creyera necesario, se podría estudiar la posibilidad de exenciones al impuesto a la sucesión.

La Prensa, 26/1/1955

Constituye error muy generalizado creer que solamente el Estado o los grandes inversionistas pueden construir viviendas. Los grandes capitales, los que verdaderamente merecen ese nombre, son los que se forman con el aporte de las grandes mayorías.

Las estadísticas demuestran la importancia de las mutuales en el esfuerzo para construir viviendas. En Estados Unidos, de cada dos casas construidas una lo es por el sistema de las mutuales. En Gran Bretaña y en otros lugares del mundo, la proporción es aún más alta.

Las mutuales de vivienda permiten que, con el aporte de los propios asociados, que llega a sumar cantidades apreciables, se faciliten préstamos -que no haría ningún banco comercial o estatal- con el fin de construir viviendas. El que recibe el préstamo comienza a hacer los pagos de amortización e intereses sólo después que ya ha ocupado su vivienda.

Los recursos que los socios invierten en la mutual, reciben participaciones que son abonadas a sus respectivas cuentas. Tienen los socios la ventaja de poder retirar el dinero dentro pe determinadas condiciones sin perder un centavo cuando tengan a bien hacerlo, y gozan de la más amplia exoneración de impuestos.

La mutual es un medio formativo extraordinario porque contribuye no sólo a crear el hábito del ahorro sino también a mover a la gente a que solucione, por un medio práctico y por sí misma, el problema de la vivienda.

La Prensa, 28/2/1959

Hay familias que, deseosas de realizar el ideal de la casa propia, apenas si cuentan para ello con sus horas libres y con la energía de sus propios músculos.

Poco es, pero en cierto modo, ya es bastante. Pues si se comienza por juntar a unas docenas de familias dispuestas a sacrificar su tiempo y a emplear sus brazos, que son toda su riqueza, en la construcción de la casa propia, entonces se dispone ya de una apreciable fuerza de trabajo.

Además, si se les proporciona orientación y asistencia, si se les facilita planos, se les imparten directivas de acuerdo a la técnica moderna, se consigue que esa gente, de modesta condición económica, saque el máximo provecho de su propio sacrificio.

Por añadidura, el sistema de ayuda mutua -basado en el principio que pudiera ser evangélico de ayudar a quien se ayuda- contempla la concesión de créditos a los miembros de la agrupación en forma de materiales de construcción y, por cierto, con plazos dilatados y a módico tipo de interés.

La Prensa, 3/9/1958

Las familias modestas peruanas ofrecen una inmejorable base humana para llevar adelante con éxito el sistema. Ellas han dicho, y demostrado, que no piden sino la medida indispensable de ayuda técnica y económica, porque están dispuestas a ayudarse a sí mismas para realizar su legítimo anhelo de una vivienda decente en qué vivir.

La Prensa, 7/6/1955

REFORMA AGRARIA

El retraso de nuestra agricultura en vastos sectores del territorio, la miseria que de allí se deriva, el malestar y los bajos niveles de vida que son su consecuencia, representan propicio campo para la más perniciosa demagogia política. La superación de tal retraso' se traducirá en un cambio espiritual trascendente, favorable a la fundación de una sólida y armoniosa democracia social.

La Prensa, 14/8/1956

La reforma agraria envuelve cuestiones esencialísimas para el presente y el porvenir del Perú. Ella no consiste, como suele creerse, en dividir las propiedades, sino en procurar, al mismo tiempo, la mejor distribución de la tierra, el aumento de la productividad.

Objetivo este angustiosamente necesario en un país como el nuestro donde la población crece. Sin una reforma agraria enderezada a elevar sustancialmente el rendimiento de la tierra y, por lo tanto, el nivel de vida del campesino y, en última instancia, la economía misma de la nación, no va a salir el Perú nunca de la pobreza en que se encuentra.

La Prensa, 28/12/1958

Hay poca oferta de tierras agrícolas, especialmente de lotes accesibles a la economía del campesino modesto. Pero, el Estado, puede comprar predios a su justo precio para luego venderlos en lotes a los que tengan deseo y capacidad para trabajarlos. De otro lado, hay por hacer irrigaciones y drenajes que permitirán ganar tierras para su lotización en pequeñas y medianas propiedades. Hay tierras de montarla por colonizar, que pueden ser igualmente entregadas al pequeño y mediano agricultor.

La Prensa, 13/8/1956

El país necesita tierras, las necesita con urgencia dramática para dar trabajo adecuado a los millones que llevan una existencia miserable y para aumentar su producción, y ampliar su horizonte económico. No hay país próspero sin una agricultura próspera; no hay un país próspero con una enorme masa que vegeta por falta de perspectivas. Y el Perú no necesita iniciar una guerra de conquista para saciar ese “hambre de tierras”. Allí, al otro lado de los Andes, se extiende una región casi inexplotada que está esperando la apertura de colonizadores para contribuir a nuestra economía.

La Prensa, 27/12/1956

El elemento fundamental para que prospere un centro de colonización en la selva -además de capital humano, clima, calidad de las tierras, posibilidades naturales de riego, etc., que, por cierto, son básicas- es el de sus vías de comunicación con los mercados de consumo. No basta el mero hecho de cultivar productos alimenticios y vivir de ellos. El objetivo de una empresa colonizadora es formar una población con vida propia y con excedentes de producción que puedan ser exportados fácilmente a otras poblaciones. También necesita evidentemente recibir de modo regular los auxilios y recursos de la civilización. Este factor vial es la carretera de penetración. El fracaso de los intentos de colonización en el país, se ha debido a la falta de un plan de organización de las colonias y al estado de aislamiento y abandono a que fueron reducidas, una vez que se les entregó tierras y herramientas para su cultivo.

La Prensa, 1/9/1953

La experiencia de las irrigaciones que se han hecho anteriormente en el país es aleccionadora en gran medida. De aquellos a quienes se otorgaban las tierras cuando apenas se abren las irrigaciones, solamente una ínfima minoría logra permanecer. La mayor parte quiebra en los primeros años, y las extensiones que se proyectan como pequeñas parcelas llegan a consolidar en una sola propiedad grandes extensiones.

La finalidad fundamental de la reforma agraria supone el establecimiento de chacras familiares en las que el trabajo pueda ser atendido por los mismos miembros de las familias a fin de lograr un nivel de vida superior al existente en la región. Vale decir, que el éxito de un plan de reforma agraria, supondría tener en mente como primer objetivo, la creación de ingresos familiares que permitan a cada familia que se instale, gozar de un bienestar superior al existente en la zona.

Puesta esa base fundamental, habría que analizar los medios para que ese fin se cumpla. Si lo que se pretende es obtener un determinado ingreso por familia, es claro que habrá que tener muy en cuenta la composición de la familia para que ésta pueda aprovechar debidamente la tierra. El tamaño de las parcelas dependerá tanto de ese hecho, cuanto de la productividad de la tierra, ya que el rendimiento del terreno varía grandemente de uno a otro lugar.

Pero el agricultor que ocupe la parcela no tiene por qué conocer la clase de tierra que se le entrega ni la clase de cultivos para obtener el mejor provecho. Sería ingenuo creer que él por sí mismo pueda realizar las experiencias necesarias para llegar a buenas conclusiones. Esa es una de las razones por las que casi siempre han fracasado los primeros ocupantes de tierras de una irrigación. Es preciso, por tanto, que estaciones experimentales, después de haber realizado los estudios necesarios, señalen a cada ocupante las características de su tierra, los productos que le conviene sembrar y la forma en que debe hacerlo.

El nuevo agricultor, además, necesita ayuda financiera en los primeros años que son los más difíciles. De otra manera, ocurriría lo que ha sucedido tradicionalmente en las irrigaciones; esto es que, agobiado por las deudas y por las amortizaciones, el primer ocupante de las tierras tenga que venderlas, perdiendo dinero.

Constituidas las chacras familiares con un sistema de asesoramiento técnico previo, con ayuda financiera inicial y amortizaciones adecuadas del valor del terreno, el próximo paso sería la constitución de cooperativas, encaminadas a la compra y uso de la maquinaria agrícola. Para quien posee una pequeña parcela, la compra de un tractor, por ejemplo, resulta, aparte de prohibitiva, insensata, ya que, por el tamaño de su parcela, esa fuerte inversión estaría durante la mayor parte del tiempo inútil. La solución está en que la maquinaria sea comprada por una cooperativa que la proporcione a sus socios cuando la necesiten, permitiéndoles gozar de esa facilidad que se traduce en mayor productividad a un precio muy módico.

La Prensa, 14/1/1959

LA EDUCACIÓN

El ideal en toda comunidad debidamente organizada, es que los padres provean a la educación de los hijos y que el Estado establezca centros de enseñanza exclusivamente dedicados a aquellos que, por la estrechez de los recursos económicos de los padres, no podrían recibir educación en una escuela privada. La excesiva generalización de la educación estatal no hace sino cargar en exceso los costos de la enseñanza recayendo a la larga precisamente sobre los propios padres de familia.

La Prensa, 10/2/1958

La exigencia de colegios particulares no sólo es inatacable en el terreno de los principios, sino que, en la práctica, no se podría prescindir del concurso que prestan al Estado los educadores privados en la altísima función de instruir a la juventud. La socialización de la enseñanza, en la que, por fortuna, nadie piensa seriamente en el Perú, sería, pues, además de medida totalitaria y, por lo tanto, contradictoria de la teoría democrática que sustenta nuestro régimen jurídico, medida utópica y absurda por la efectiva irresponsabilidad que existe para llevarla adelante.

En la educación de los niños, la potestad corresponde, ante todo, a los padres de familia. Son ellos los primeros y principales titulares del derecho de educar. Ese es, en Derecho Natural, el auténtico fundamento de la libertad de enseñanza. Los padres de familia deben tener libertad para educar a sus hijos, siempre que, por supuesto, no pongan en riesgo el orden público y las buenas costumbres. A la Iglesia también corresponde muy especialmente el magisterio y el derecho a la enseñanza religiosa en un país católico, como el nuestro. Y el Estado mismo, como gestor del bien de la comunidad, no puede sustraerse a los imperativos requerimientos que la educación nacional plantea.

La misión del Estado, en materia de enseñanza, tiene en cierto modo, sólo un carácter supletorio en relación a la misión de la familia, misión supletoria la del Estado que, sin duda, tiende a ser mayor y más desarrollada, de más vastos alcances, en aquellos países -tal es el caso del Perú- donde escasean los colegios particulares y donde, por consiguiente, no son muchos los padres de familia que estén en condiciones de elegir libremente, tratándose de la educación de sus hijos.

La Prensa, 31/3/1955

El sentido de lucro que se está adueñando de la enseñanza tiene su origen en la escasez. Los correctivos, si se acepta esta conclusión, son obvios.

Ante todo, es necesario que el Estado multiplique su plan de construcciones escolares. Y en este sentido, se impone la certeza de que más propio es levantar colegios cuyas instalaciones cubran las mínimas exigencias, que realizar obras lujosas, de alto costo, imponentes por fuera y por dentro, cuyos servicios van a ser limitados. Conviene pensar que es más provechoso impartir enseñanza al mayor número de escolares en salas apropiadas, aunque modestas, que permitir que prospere ese ingrato régimen cuyos efectos padecen, en la mayoría de los casos, las clases modestas.

El Estado no puede asumir la satisfacción total de esta demanda, de modo que, el único camino que le queda, es canalizar las inversiones y la iniciativa privada hacia este campo de la educación con el objeto de elevar la oferta de instrucción e, indirectamente, bajar los costos respectivos. Para ello debe dar u ofrecer incentivos.

La Prensa, 11/4/1956

¿Acaso no se podría perfectamente señalar la suma justa de dinero que, como pensión de enseñanza, adjudicase al colegio que la cobrara -y a los colegios que cobraran sumas inferiores a la señalada- la categoría de “colegio barato”? Los colegios particulares que satisfacen esos requisitos para la obtención de la categoría de colegio barato, quedarían exceptuados, por ley, del pago de la larga lista de impuestos y gabelas, como el impuesto a los predios, los arbitrios municipales, el impuesto pro desocupados y el que se destina al sostenimiento del Fondo de Salud y Bienestar Social, aparte de otras facilidades y estímulos que podrían estudiarse. Creemos que ésa sería una manera eficaz de popularizar y extender la enseñanza particular. De otra parte, para el Estado sería un modo fácil de contribuir a que se multipliquen los establecimientos de instrucción. Los beneficios a que daría derecho, según ley, la categoría de colegio barato, favorecerían, sobre todo, a los colegios que pudieran establecer -o que ya hayan establecido-sociedades típicamente civiles como asociaciones de padres de familia, cooperativas profesionales y de trabajo y centros parroquiales. La escuela parroquial que funciona, con óptimos resultados, en Francia, en Bélgica, en Estados Unidos, como proyección inmediata y directa de la familia y de la parroquia, podría comenzar a funcionar en el Perú.

La Prensa, 31/3/1955

El Maestro, un Cruzado

La obra de la educación peruana requiere, para ser fructífera, la previa aceptación por el Estado, por la colectividad y por el propio magisterio, de ciertos supuestos esenciales. Uno de ellos, debe ser el entender la educación como una cruzada a través de nuestro territorio. Cruzada contra el analfabetismo primero; contra la ignorancia y el empirismo, después; contra la falsa ilustración, por último. Esta cruzada debe llegar hasta el último rincón del Perú. Y cuanto más apartado sea el lugar donde el maestro esté librando su singular batalla, tanto mayores serán su dignidad y heroísmo y, por consiguiente, el respeto a que se haga acreedor. Nunca es más noble el sacerdote que al pie de los enfermos y los moribundos. Nunca es más arrojado el militar que en la primera línea de combate. Y sin este sentido, algo religioso y algo castrense, es inútil que tratemos de entender al magisterio. Estaremos pensando en un burócrata más o menos capaz, trabajador o inteligente, pero no en quien lleva el nombre de maestro. Por eso, otro de los supuestos esenciales de la obra de la educación debe ser el de la dignidad de sus servidores, desde el más alto hasta el más humilde preceptor. El Estado, la sociedad y el propio magisterio deben valorizar como corresponde el puesto de un maestro que en la capital del país o en el departamento, en la provincia lejana o en el humilde caserío, debe estar libre de toda clase de prácticas que tengan un significado desdeñoso o peyorativo para el ejercicio de su singular misión.

La Prensa, 7/7/1954

Enseñanza Técnica

El colegio de enseñanza secundaria común conduce, casi forzosamente, a las puertas de la Universidad. Es, en realidad, la antesala de los centros superiores. El deseo de obtener conocimientos eminentemente prácticos, que no son proporcionados en los cinco años de estudios secundarios, lleva anualmente a decenas de miles de jóvenes a presentar solicitudes de ingreso a la Universidad, sin tener verdadera vocación.

Mientras en el país se están presentando, en algunas ramas, los problemas de saturación y de insuficiente preparación de los profesionales, sobre todo en las llamadas “carreras más fáciles”, la industria, la agricultura, y en menor medida, el comercio, se ven obligados, por lo general, a contratar especialistas extranjeros hasta para las labores técnicas más simples.

Es ya evidente la necesidad de que el nuevo plan integral de educación contemple el ofrecimiento del máximo posible de facilidades para los jóvenes que quieran seguir una educación de carácter técnico que les proporcione una sólida base de conocimientos prácticos; una base que les abra la posibilidad de satisfacer su legítima aspiración de mejoramiento personal, sin caer en el espejismo de que sólo la Universidad y los títulos que ella otorga, les permitirán alcanzar ese fin.

La Prensa, 19/1/1957

Si en las varias provincias del Perú, en los pueblos agrícolas y semi industriales de la costa, en las haciendas ganaderas de la sierra y en los poblados de avanzada en la selva, se abren escuelas técnicas secundarias, la juventud no iniciará seguramente el penoso camino hacia los centros universitarios y permanecerá en sus lugares de origen, contribuyendo posteriormente a lograr una mayor producción y, por consiguiente, un más alto nivel de vida. Se daría un enorme impulso al adelanto nacional y un golpe certero al agudo centralismo que constituye uno de nuestros mayores problemas.

La Prensa, 28/2/1955

Cuando se revisan cifras de población escolar, se observa de inmediato que la primaria sobrepasa en mucho a la secundaria. O sea que todos aquellos niños detenidos en ese punto de su instrucción, no llevan como bagaje de utilidad práctica para sus posteriores actividades conocimientos teóricos de escaso provecho. Si esa masa ciudadana pudiese ser orientada, desde el principio, por un camino apropiado a las condiciones de su propio medio natural, sería posible elevar las condiciones sociales en que viven, con provecho general.

Preparar al alumno en forma tal que los conocimientos adquiridos le representen un instrumento efectivo de progreso, es uno de los principales objetivos que, a nuestro juicio, debe perseguir la educación nacional. Las escuelas agropecuarias dotadas de los elementos necesarios, constituyen uno de los mejores caminos que para ello se puede seguir.

La Prensa, 14/2/1951

Universidad

Es no sólo una actitud postiza sino también colonialista la que pretende centrar el problema de la Universidad en su forma de gobierno, y quiere hacer depender el destino de una institución del número y las atribuciones de los delegados estudiantiles, o de la omnipotencia y los sueldos de los rectores y decanos.

Toda genuina Universidad se basa en la existencia de la carrera docente, que siguen hombres versados en una ciencia o disciplina o con vocación de estudios, de enseñanza y de investigación. Tales personas deben, en lo posible, vivir exclusivamente de su trabajo universitario y deben, por lo tanto, estar remunerados con decoro y en forma creciente según su ascenso dentro de la cátedra. La verdadera cátedra es trabajo en equipo, bajo la dirección de un catedrático principal, con asociados, auxiliares, investigadores y seminaristas que tienen a su cargo diversas asignaturas y labores relacionadas entre sí.

En la Cátedra, signo de la verdadera Universidad, se ingresa por concurso y se asciende por mérito. Se formulan planes de estudios; se dictan clases, lecturas y conferencias; se realizan y exigen trabajos de campo y de laboratorio, monografías y estudios de seminario; y se hacen publicaciones. Esta labor no sólo pone en evidencia el esfuerzo docente; no sólo elude el favoritismo y las argollas; no sólo realiza directamente, en lo que concierne a los catedráticos, los fines de la Universidad, sino que además establece las condiciones en que deben verdaderamente encontrarse los maestros y alumnos; y así, indirectamente, hace de éstos también genuinos universitarios.

Porque el catedrático de tiempo completo demanda el alumno de tiempo completo. O, por lo menos, el alumno que asista efectivamente a las clases y trabajos. Que el alumno que quiera o necesite aprobar una carrera en pocos años, que lo haga si puede estudiar con suficiente intensidad. Que el que tenga que trabajar, por no haber ganado una beca completa y porque sus padres no pueden sostenerlo, que siga la carrera en un número mayor de años, aprobando cada vez únicamente aquellos cursos a los que haya podido asistir. Que el que desee especializarse o investigar o seguir la carrera docente que tenga las puertas abiertas para ello.

La Prensa, 17/5/1958

La simple clase teórica, la mera disertación profesional, está lejos de agotar el cometido que la Universidad debe a sí misma, a los estudiantes y al país. El universitario no concurre a las aulas sólo para escuchar lecciones que, eventualmente, son brillantes. La Universidad no es un salón de conferencias y su enseñanza sólo es viva y eficaz cuando junta el trabajo a la teoría.

La Prensa, 2/7/1955

Que las universidades sean tales universidades, es decir, centros donde los catedráticos enseñen y los alumnos aprendan, donde se formen profesionales competentes, donde se transmita y amplíe la cultura, donde se estudien e investiguen los problemas de la ciencia y los problemas del Perú y del mundo.

La Prensa, 16/5/1958

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